• INFORME | TRENES ARGENTINOS HOY
• Entre el ajuste y la puesta a punto para la privatización.

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El informe sostiene que la actual política ferroviaria por parte del Gobierno de Javier Milei persigue la privatización de la totalidad de empresas públicas del subsistema, en continuidad con los procesos iniciados en la década de 1990. La investigación sostiene que, bajo el gobierno de Javier Milei, el ferrocarril se transforma en un caso paradigmático de ajuste selectivo: un sector deliberadamente deteriorado en su capacidad operativa, pero favorecido en términos relativos en la asignación de recursos a partir de la Emergencia Ferroviaria, tanto con el objetivo de volverlo “vendible” al capital privado cómo para evitar un descalabro que suponga un costo social, político y hasta humano.

El documento argumenta que la “Ley Bases” y el DNU 525/24 no representan medidas contradictorias sino etapas complementarias de una misma estrategia: reducir el sistema a su mínima expresión operativa, concentrar los recursos en las líneas y activos más rentables y generar las condiciones institucionales para una cesión progresiva de empresas y tramos a operadores privados o provinciales. En este marco, la emergencia se lee como una puesta a punto pre-privatizadora que combina suspensión de servicios, ajuste salarial y reducción de personal con inversiones puntuales que valorizan los activos públicos.

Asimismo, se identifica una ruptura en la continuidad institucional de Ferrocarriles Argentinos S.E., cuya creación en 2015 había abierto una oportunidad para consolidar un modelo público integrado. Esa oportunidad, frustrada por la fragmentación y el uso político de las empresas del sector, explica la débil defensa actual del sistema estatal frente al nuevo embate privatizador. El desmantelamiento del “holding” ferroviario debilitó la planificación centralizada y fortaleció intereses empresariales y territoriales que hoy disputan la red.

En síntesis, el trabajo concluye que la política ferroviaria vigente combina un discurso de emergencia con una práctica de desposesión: el Estado invierte para reparar lo que luego será entregado. La aparente contradicción entre ajuste y gasto se resuelve en una racionalidad privatizadora que, en nombre de la eficiencia, traslada nuevamente al mercado un patrimonio reconstruido con recursos públicos. Frente a ello, sostenemos desde la Fundación para el Desarrollo Humano Integral la necesidad de recuperar una política ferroviaria nacional es precondición necesaria para tener una planificación nacional de transporte, eje fundamental para atender objetivos como el desarrollo productivo federal, la competitividad de las cadenas logísticas y la mejora en la movilidad urbana.